El argumento oficial es simple y concreto: la intención de implementar “un sistema transparente” del ejercicio en la función pública. Así fundamentó el intendente de Bella Vista, el radical Sebastián Salazar, la firma del decreto municipal N°1.504/3, del 27 de julio pasado. El instrumento establece que es obligatorio para funcionarios y concejales de ese distrito presentar la declaración jurada (ddjj) de bienes personales y sus pasivos al comenzar y al terminar la gestión.

“La falta de presentación de la ddjj será motivo suficiente para la exclusión del cargo que desempeña, por (incurrir en la) falta de cumplimiento de los deberes del funcionario público. Idéntica sanción corresponde a quienes falsearen dicha documentación”, agrega el texto rubricado por Salazar.

El intendente radical marcó que rige desde 1999 la ordenanza municipal N° 39/99, que obliga a funcionarios y ediles de esa jurisdicción a presentar la declaración jurada. Con la emisión del decreto municipal N° 1.504/3, Salazar reglamentó la normativa, e instaurar un mecanismo de control del progreso patrimonial en la administración pública bellavistense.

La disposición alcanza al propio intendente, a los concejales, a los secretarios y a los directores de la Municipalidad de Bella Vista.

Según el articulado, el informe contable debe contener “la descripción detallada de los bienes personales, consignando sus valores y sus pasivos”. La carpeta con todos esos datos debe ser presentada hasta el último día de agosto.

El radical Salazar, días antes de emitir este decreto municipal, había dictado otra medida administrativa que generó revuelo en Bella Vista. El 19 de julio, el intendente solicitó el inicio de actuaciones internas en el municipio en contra de Cristina Romano de Espeche y de Celeste Ariane Espeche, esposa e hija del ex jefe municipal peronista, Luis Armando Espeche. Según Salazar, las empleadas municipales tenían unas 100 faltas injustificadas cada una desde el inicio de 2016. Romano de Espeche, ex presidenta del Concejo de Bella Vista y ex candidata a intendenta, sostuvo que el radical las persigue por su rivalidad política y advirtió que estaba gestionando la adscripción o el pase con retención del cargo para otra área del Estado, posiblemente la Legislatura.